El dolor de la incomunicación: La barrera idiomática para los inmigrantes haitianos

Se podría hablar de improvisación o de esfuerzos muy incipientes a la hora de observar cómo se están adecuando los servicios públicos en las comunas que registran alta inmigración haitiana. Por ahora, varios de estos organismos trabajan con algunos traductores y desembolsan fondos que permiten asociarlos al ítem de “otros”.

Después de tres días de que su esposo estuviera internado en el hospital Padre Hurtado, ubicado en la comuna de San Ramón, una mujer haitiana pudo conocer su diagnóstico médico. Llevó a su pareja de la misma nacionalidad de urgencias, pero su manejo del español era muy precario. Por lo mismo, esperó horas para que desde el recinto consiguieran un intérprete de creole que le informara sobre su estado de salud. Fueron días de angustia.

Un grupo de mujeres asiste al taller “Nadie es Perfecto” que ofrece la municipalidad de San Miguel a las madres con hijos que presentan algún tipo de retraso en su crecimiento. Dentro del grupo se encuentra una mujer haitiana madre de mellizos de ocho meses. La sesión es dirigida por una parvularia que en la primera ronda les pide una breve presentación para que compartan el diagnóstico hecho por el Centro de Salud Familiar (Cesfam) al que acuden. La profesional les pregunta si todavía amamantan, sobre la alimentación de las guaguas, sobre sus rutinas, entre otros temas. Llegó el turno de la extranjera, pero no hubo manera de comunicarse. Nadie sabía cómo ayudarla porque no manejaban su idioma y la mujer tampoco entendía el castellano. Para la próxima oportunidad quedaron de llevar unas fichas con figuras dibujadas de manera que la mujer las asociara a las ideas que buscaba expresar.

Y con un desenlace fatal, recordamos el caso de Joane Florvil, la mujer haitiana que falleció mientras enfrentaba un proceso judicial por el supuesto abandono de su hija. Aunque hace una semana atrás finalmente esa tesis fue descartada y se sobreseyó dicha arista de la causa, los responsables de su muerte se mantienen en investigación a cargo del Ministerio Público. Con todo, se entiende que la primera negligencia cometida fue no comprender a la mujer y malinterpretar el hecho de que dejara a su hija al cuidado de un guardia de un servicio público, lo que no habría configurado el delito de abandono según estimó el Quinto Juzgado de Garantía de Santiago.

Las coincidencias de estos casos saltan a la vista: se trata de una inmigración vulnerable, racializada por el color de su piel, de mujeres a las cuales no se les están garantizando sus derechos y de una barrera idiomática como un gran obstáculo para acceder a esos servicios. Es un hecho patente y doloroso que la incomunicación deja la puerta abierta para que se cometa toda clase de abusos. Y el Estado una vez más es reactivo. A pesar de que hace más de cinco años las estadísticas proyectaban que las cifras de la inmigración serían exponenciales, nuevamente se llega al punto de lamentar una muerte para advertir la falta de facilitadores y la necesaria adaptación que requieren los servicios públicos ante la nueva conformación de la sociedad. De los casos antes mencionados e hilando mucho más fino, es posible advertir otras situaciones: ¿Qué está pasando con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres haitianas que asisten a centros de salud públicos? Y, en los partos, ¿hay traducciones en las cartas de consentimiento si quieren explicitar que no desean una cesárea?

Por ahora todo tiene mucho de improvisación y en el reglamento que se elaboraría una vez aprobada la modificación a la Ley de Extranjería, de 1975, podría establecerse la cantidad de traductores que se requieren por servicio según la demanda extranjera por comuna u otra división apropiada. Sería una implementación de manera formal. Esos son temas que se deben discutir en medio de la tramitación que sigue trabada en el Congreso, hoy en la comisión de Gobierno Interior que debió despachar la iniciativa que creó la Subsecretaría de la Niñez y que, en teoría, se retomaría migración durante estas semanas.

La tía Rosita y sus estudiantes

Una intérprete para 138 estudiantes haitianos. Jornadas semanales de 8:30 a 15:00 horas y un día hasta las 17:00 horas. Sueldo 360.000 mil pesos. Esa es la realidad de la profesora dominicana Rosa Féliz (34), la tía Rosita. Hace seis años que llegó a vivir a Chile y desde hace siete meses que trabaja en el colegio Humberto Valenzuela, ubicado en la comuna de Estación Central. Vive en Cerrillos y se traslada por cerca de una hora en transporte público para llegar a su lugar de trabajo y  a la salida corre para ir a buscar a su hijo al jardín.

Rosa ha asumido un rol fundamental en este colegio que registra una de las matrículas más altas de estudiantes extranjeros de la comuna, en especial de haitianos. Muchos de ellos llegan sin hablar nada de español. Es un gran desafío, explica, sobre todo cuando los niños son de mayor edad. “El aprendizaje es mucho más eficaz en los niños más pequeños, con los de cuarto y quinto hay que lidiar también con sus temores de quedar en vergüenza frente al grupo porque no sabe y se cohíben más”, precisa.

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Rosa Féliz y uno de sus estudiantes

Como cada mañana sus clases comienzan a las 8:30 con el primer curso, pero a veces la requieren mucho más temprano. Su labor se ha extendido también a ayudar con la información a los apoderados haitianos. “Ay, tía Rosita, que bueno que llegaste. Había un papá haitiano y le dijimos que volviera en la tarde porque no le pudimos hablar”, le dicen otros colegas a la profesora porque muchos padres dejan a los niños a primera hora para irse a trabajar. Destacan que su rol es imprescindible.

Rosa figura en la nómina del colegio como monitora de creole y aunque tiene su título de profesora parvularia, labor que desempeñó durante ocho años en República Dominicana, aquí ha tenido dificultades para revalidar su profesión. Reconoce avances con los niños, pero también frustraciones. “A los niños los inscriben por edad y no por conocimiento, por ejemplo, en un curso de cuarto básico me encuentro con niños con los que debes comenzar prácticamente un proceso de alfabetización porque muchos no son lectores. Ellos se quedan un poco atrás”, explica.

Pese a esa dificultad provocada por el sistema escolar, la profesora ha aplicado su propia metodología de trabajo. En su sala se observa una cartulina con los nombres de los niños haitianos divididos en tres grupos según su dominio del español. A partir de eso evalúa quienes requieren de más horas pedagógicas en el taller o de un reforzamiento. Después de dos o tres clases pregunta a los profesores de otras asignaturas si han notado cambios en aquellos niños que llegaban sin hablar ni una palabra en español y así va sondeando el nivel de aprendizaje que han logrado.

En este colegio donde trabaja la tía Rosita, ubicado en la población Los Nogales de Estación Central, se espera que la matrícula para 2018 ascienda a unos 200 niños haitianos. Son proyecciones que la dirección estima de acuerdo a los nuevos estudiantes inscritos hasta ahora, pero aún resta un largo periodo en el que sin duda podrían aumentar. Lo que no está claro es si mantendrán a una sola profesora y le incorporarán más horas pedagógicas o si los recursos permitirán contratar a otro profesional que desempeñe sus mismas funciones.

Por el momento, para la dominicana existe una cuestión evidente y es que contar un intérprete “es un paso muy incipiente para romper con la barrera idiomática” y traspasar los conocimientos. “Hay muchas necesidades por la cantidad de niños extranjeros que llegan. El Ministerio de Educación dice que hay que darles educación a todos por igual como un derecho, pero si aquí entre profesor y estudiante no se entienden y no se cuentan con las herramientas suficientes, es muy difícil entregar los contenidos”, afirma. Y esa es precisamente otra de las situaciones más frustrantes que reconoce, el observar a un niño sentado en su puesto pero a la vez verlo acongojado o desconcentrado porque, en el fondo, no comprende los contenidos que se hablan en la sala de clases.

“Joane se sentía amordazada”

Joane Florvil murió sin saber realmente de qué se le acusaba. Estuvo detenida 12 horas, primero en la 44° Comisaría de Lo Prado y luego en la 48° Comisaría de Asuntos de la Familia en Santiago. Su relato antes de que falleciera fue que carabineros le puso un casco antimotines para evitar que se golpeara la cabeza como había ocurrido poco después de que la encarcelaran. Su angustia aumentaba con el correr de las horas. No sabía nada de su hija de dos meses que había dejado a cargo de un guardia de una oficina municipal mientras iba a ayudar a su esposo. Ese fue el hecho que injustamente le costó muy caro. Le costó, por ejemplo, no volver a tener a su hija en brazos por días, una separación muy dolorosa. En algún momento incluso creyó que estaba muerta y que ese habría sido el motivo de su arresto. Impotencia, dolor, rabia por la imagen que se construyó de ella, la de una verdadera delincuente. Le costó esa condena mediática antes de tiempo, con imágenes que una y otra vez la destacaban esposada. Luego vino un “tírate a esa colchoneta a dormir”, la orden de los policías según le contó a sus familiares. Y, tal vez, el mensaje detrás de ese casco antidisturbios sería: “Sigue golpeándote, total con esto no vas a morir”. Negligencias.

Hoy se sabe que la madre haitiana murió siendo inocente y que al momento de su arresto no hubo traductor. Según consta en el parte policial, sólo se dispuso un intérprete para su familia. El caso es investigado por la Fiscalía y aunque ya están disponibles los informes del Servicio Médico Legal (SML) que detallarían la causa de su muerte, son antecedentes de carácter reservado hasta que finalice la indagatoria.

Pero las responsabilidades van por grado y Virginia Palma Erpel, abogada de la ONG Acción Mujer y Madre que asumió parte de la defensa de la extranjera, particulariza algunas. En primer lugar, explica que “el protocolo de cualquier funcionario que tiene a una persona detenida y observa que se está infringiendo daño físico es llevarla a un centro asistencial de inmediato y no después de 12 horas”. Fueron golpes que los neurocirujanos asociaron a la rabia y a una persona que se siente amordazada por la incomunicación. Aunque no se puede descartar que la mujer fuera víctima de una golpiza dentro de la celda, según el testimonio de un médico haitiano que la atendió luego en la Posta Central.

Lo que pasó durante esas 12 horas se mantiene en una nebulosa. Es necesario reconstruir los hechos sucedidos en esas horas y develar cuáles fueron las decisiones que se tomaron en cada uno de los servicios que atendieron a Joane, desde su permanencia en la comisaría, el traslado a la Posta Central y, finalmente, al Hospital Clínico de la Universidad Católica. Y, en estos dos últimos lugares, evaluar si le suministraron los medicamentos de manera adecuada o si por un mal manejo médico se produjo la hepatitis fulminante que le causó la muerte. Un punto claro es que ella no tenía antecedentes previos de alguna otra enfermedad.

Pero aquí también se transgredió uno de los principios fundamentales de los imputados que es su presunción de inocencia. “Ella no pudo en ningún momento dar a entender o intentar demostrar que era inocente de lo que se le estaba culpando porque ni siquiera llegó a entenderlo”, afirma la abogada. La ONG asumió dos aristas del caso, por un lado la causa de familia que buscaba reencontrar a la hija de Joane con sus parientes para que no permaneciera al cuidado del Consejo Nacional de la Infancia. Esa línea está cerrada y cumplió su objetivo. Y, por otro lado, se estaba siguiendo la arista penal donde se le imputaba el delito de abandono que también fue sobreseída. Para un futuro, el equipo jurídico no descarta presentar una querella contra todos los que resulten responsables de la muerte de la mujer, pero es una decisión que deberá tomar la familia de la haitiana residente en Chile.

Este se ha convertido en un caso emblemático que demuestra la incapacidad para garantizar el derecho básico de la comunicación, pero también deja al descubierto el racismo. “A una inmigrante alemana, por ejemplo, ¿le habrían quitado su guagua? No lo creo”, cuestiona la abogada Virginia Palma. El caso salió a la luz por la muerte implicada, pero ¿cuántos otros siguen bajo un manto invisible porque no llegan a cobrar vidas aunque tengan igual gravedad? Lo cierto, es que las mujeres haitianas siguen muriendo en el país por este y por otros motivos. “Después del caso de Joane nos han llegado varios casos de mujeres que mueren en los partos y donde no se tienen mayores antecedentes. Los esposos tampoco pueden hablar, dicen que no saben las causas”, comenta con pesadumbre la abogada de la ONG Acción Mujer y Madre.

Capacitando a los nuevos profesionales

Peterson Saindard explica la utilidad de unos manuales que ayudó a preparar junto a la ONG Byenvini (bienvenido en creole) e IFMSA Chile. “Con esto en mano, la idea es que el médico aprenda a leer. Entonces, llega el paciente y le explica su dolencia y el rápidamente va buscando el término. También incluye la frase ´¿en qué te puedo ayudar?´ y eso debe memorizarlo. Por eso, el libro está dividido en partes”, explica el profesor de nacionalidad haitiana.

Lleva poco más de un año viviendo en Chile y domina un español muy fluido, en parte se debe a que cursó estudios de Lengua en la Universidad Estatal de Haití antes de viajar y ahora se desempeña impartiendo clases para distintas instituciones. Hace unos sábados atrás comenzó a enseñar creole a un grupo de estudiantes de medicina. Se reúnen en las dependencias de la Universidad Andrés Bello pero son estudiantes de distintas casas de estudios. El manual lo prepararon precisamente con la intención de capacitar a los futuros profesionales que tendrán trato directo con pacientes inmigrantes a lo largo de su quehacer diario y, también, entendiendo la educación como una herramienta fundamental para terminar con los prejuicios. “La idea de las clases es desarrollar la autonomía de los estudiantes”, acota Peterson.

Por otro lado, dicta clases de español a un grupo de ocho trabajadores haitianos de una empresa de construcción de Quilicura. No van a clases en el mismo horario, depende de los turnos que tengan. Por lo mismo, el nivel de aprendizaje de los funcionarios es muy disímil. “Todos entienden, pero les cuesta hablar bien”, reconoce entre risas. Y agrega que su método es despertarles una pasión por la lectura porque afirma que ninguno lee. “No intentan mejorar su idioma, todo lo aprenden en la calle y eso les genera muchas confusiones”, comenta.

La falta de comunicación provoca miedo por parte del trabajador. Probablemente, no puede atreverse a denunciar malos tratos o a renunciar a sus labores. Es una idea que plantea Peterson desde su experiencia como intérprete, como haitiano que debió conseguir un trabajo con contrato para regularizar sus documentos, y que también conoció las condiciones vulnerables. Y reparó que cumpliendo las mismas funciones en un supermercado, a él le pagaban el sueldo mínimo y a sus colegas al menos cien mil pesos más. Sufrió la desigualdad, el racismo.

“Para la manera en que están trabajando algunos haitianos yo no he podido encontrar otra palabra más que esclavitud”, dice pausado encontrando los términos adecuados para cada oración. Pero entiende que no es una situación inocente. A su juicio, la falta de una regularización en todo ámbito responde a las necesidades de tener mano de obra barata en una oleada migratoria que elige a Chile como país con mayores oportunidades, y que sin duda beneficia a un grupo de empleadores.

Pero más allá de eso y esperanzado en que los cambios favorezcan a sus compatriotas que llegan dispuestos a todo por conseguir un sueldo, por precario que sea, dice que el punto de encuentro en materia idiomática debe ser la cooperación. “Tú me ayudas y yo te ayudo. No puede ser de otra manera porque no sólo los haitianos deben esforzarse por aprender mejor el español, sino que los chilenos también deben manejar lo mínimo para lograr la interacción”, concluyó Peterson.

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Natalia Figueroa

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