Villa San Luis: Patrimonio De La Lucha Del Pueblo

Organizaciones de pobladores lograron que una parte del emblemático complejo habitacional fuera declarado Monumento Histórico.

(Fuente: Víctor Vargas, periodista. El Siglo)

Un acto de justicia, de reconocimiento y reparación. Así ha sido evaluado el decreto del Consejo de Monumentos Nacionales que declaró como Monumento Histórico dos edificios de la Villa San Luís de Las Condes y detuvo la demolición de este emblemático proyecto habitacional que nació  por iniciativa  del presidente Salvador Allende, como solución para los pobladores que trabajaban en esa acomodada comuna de Santiago y que hasta ese momento vivían en campamentos emplazados en la ribera del río Mapocho.

El decretó se logró el pasado miércoles 28 de junio luego de que se intentaran reanudar las labores de demolición por orden del alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, acción irregular del edil según denunciaron los pobladores agrupados en el Comité de Defensa de la Villa San Luis. Para ellos las faenas se realizaron “de una mala manera y apurados”, con el fin de evitar la medida inminente del Consejo de Monumentos Nacionales. Coincidentemente, fue el mismo Lavín quien en 1997 inició las demoliciones en busca de erradicar definitivamente la villa de 11 mil metros cuadrados emplazada frente al Parque Araucano.

El arquitecto Miguel Lawner fue quien en los años 70 encabezó el proyecto en su calidad de director de la Corporación de Mejoramiento Urbano (CORMU), repartición del Ministerio de Vivienda y Urbanismo encargada de implementar políticas de habitación digna para todos los chilenos.

“El principio fundamental que nos motivaba era el de la integración social, porque de los peores dramas que tiene esta sociedad es la segregación social urbana. Es gravísimo porque genera la pérdida del derecho a la ciudad y esta dicotomía inaceptable, la de una ciudad para los ricos y otra para los pobres”, señala el arquitecto sobre el espíritu que perseguía en esos años el gobierno de la Unidad Popular.

Lawner dice que lo que la dictadura hizo con la Villa San Luis es “la tragedia urbana más grave ocurrida en este país”. En efecto, las poco más de mil familias que la habitaban en 1973 fueron brutalmente desalojadas y solo algunos lograron resistir y quedarse. Finalmente, lo que no pudieron hacer los militares lo terminó la presión del poder económico inmobiliario.

Vida y resistencia en la Villa Ministro Carlos Cortés

La historia de la Villa San Luis de Las Condes, que primero se llamó Ministro Carlos Cortés en honor al primer ministro de Vivienda de Allende que falleció en enero del año 71, representa fielmente los procesos políticos vividos en nuestro país en los últimos 45 años, pasando desde su concepción original de fines de los 60 como viviendas para familias de clase media y media alta, durante el gobierno de Frei Montalva; su reorientación hacia los “sin casa” más desposeídos en el gobierno de Salvador Allende; la violencia y el despojo del Ejercito en dictadura durante los 80s; y llegando a evidenciar el poder del dinero y la especulación inmobiliaria a contar de 1990.

Los terrenos que ocupó la Villa correspondían al Fundo San Luis, que desde 1930 se mantuvieron baldíos debido a un litigio interpuesto por sus herederos para evitar el deseo inicial de sus dueños, que lo donaron a la beneficencia. Durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva, el sitio fue destinado a un centro cívico urbano, pero el presidente Salvador Allende privilegió a los “sin casa”.

Lawner recuerda que “las políticas públicas de vivienda hasta entonces habían excluido siempre a un gran número de actores sociales que no eran capaces de reunir los ahorros previos para poder optar a una solución habitacional. Nuestro gobierno prometió que esa exigencia sería derogada y que la prioridad la requerían los sectores de mayor urgencia”.

“En Las Condes, como la mayoría de las comunas de la capital, había un número muy grande de familias sin casa asentadas en la ribera norte del rio Mapocho, en lo que ahora es Lo Barnechea, en viviendas extremadamente precarias y expuestas a anegamientos cada vez que subían las aguas del río. Ellos fueron los primeros agendados para este proyecto habitacional”, explica el ex director de la CORMU.

Para inicios de 1973 ya se habían entregado 1024 departamentos. Tras el golpe militar del 11 de septiembre de 1973, el proceso se detuvo y en 1976 comenzó el despojo de sus moradores, quienes fueron acusados de tomar ilegalmente las propiedades a pesar de que debieron ahorrar y pagar dividendos. “Las familias fueron desalojadas brutalmente por el Ejército. Les daban una  o dos horas para sacar sus cosas y fueron llevados a unos potreros. Otros a viejos departamentos en la población Juan Antonio Ríos de Renca y a otra en Pedro Aguirre Cerda, donde vivían miembros de la oficialidad a quienes se les entregaron los departamentos de Las Condes.

Tras el fin de la dictadura y llegada la transición la situación no fue muy distinta. Lawner cuenta que se realizaron medidas administrativas para mantener a los militares como los dueños del terreno: “Desgraciadamente en el primer gobierno de la Concertación se blanqueó este despojo y se traspasó desde el ministerio de Vivienda a Bienes Nacionales, que después lo entrego al ejército formalmente, todos los edificios más el terreno con la condición de que si cesare su uso como vivienda debieran devolverse en su totalidad a Bienes Nacionales”.

Fue el propio ex dictador Augusto Pinochet, que se mantenía en la comandancia en jefe del Ejército en 1996, quien anunció que el terreno había sido vendido a una inmobiliaria, comenzando así la demolición. “De los 27 bloques demolieron 23. Joaquín Lavín se subió muy orgulloso a una retroexcavadora para pegarle con la bola al primer bloque que se trató de demoler. Hizo el ridículo porque no le hizo nada y tuvieron que meterse profesionales a hacerlo. Eso revela el propósito del hipócrita, que ahora aparece como preocupado de construir un memorial, una animita entre medio de esas torres de cristal”, relata Lawner.

Vivienda como derecho social

Desde la segunda mitad del siglo XX se implementó en nuestro país una política que evaluaba desde el Estado una planificación sobre el desarrollo urbano, continuo que se inicia en 1952 y que impulsa proyectos que terminaron siendo representantes arquitectónicos y culturales de una época.

La Unidad Vecinal Portales, la Villa Olímpica, Torres de Tajamar y la Remodelación San Borja entre otros, han sido proyectos impulsados con la visión de un incipiente “Estado Benefactor”, que enfocaba sus políticas a solucionar no solo la situación de habitabilidad en la capital, sino también de inserción y movilidad de la población, medidas que concluyeron en 1978 cuando la dictadura comienza las políticas de erradicación, que en la práctica significó despejar los suelos de mayor valor para su uso mercantil, y la marginación hacia las periferias de la clase popular.

El  denominado “Programa de viviendas básicas de erradicación de campamentos”, movió entre 1879 y 1985 a 28.703 familias, y un 77,3 por ciento de ellas a sólo cinco comunas del área sur de Santiago: La Pintana, Puente Alto, La Granja, San Bernardo y Peñalolén. Las familias se vieron enfrentadas no solo al problema del desplazamiento territorial, sino también al desarraigo de su entorno habitual y familiar. Además, las comunas receptoras que recibieron a los pobladores vieron nacer bolsones de pobreza y marginalidad social. Por el contrario, las comunas desde las que fueron desplazados vieron una rápida valorización de los terrenos abandonados por los campamentos.

En la Villa San Luis algunas familias resistieron la presión de los militares y luego de las inmobiliarias. Aun así, muchos despojados, que en los 90 demandaron al Estado por la propiedad de sus viviendas, terminaron vendiendo a precios muy por debajo de lo que el mercado dictaba, llegando a promediar el millón de pesos por vivienda, cifra aceptada por los pobladores más necesitados.

El precio subió a 89 millones de pesos en la primera década del 2000, y en el año 2014, las últimas 7 familias que se mantenían allí lograron vender a 490 millones de pesos sus propiedades. Aun así el comité definió defender su permanencia como patrimonio de la memoria. El lote 18 A1, que incluye dos edificios, no podrán ser demolidos tras la definición del Consejo de Monumentos Nacionales.

“Los compañeros se lucharon por recuperar en algo la memoria histórica. Dado que estos 4 bloques habían resistido, tomamos la iniciativa para que fueran declarados Monumentos Histórico, lo que quiere decir que no se puede hacer nada sin acuerdo del Consejo, y que además esto es un sitio de memoria”, explicó Miguel Lawner.

“Hoy las presiones mercantiles hacen imposible un proyecto así”

Para el ex director de la CORMU, detener la demolición total de la Villa San Luis “es una gran victoria de las organizaciones que hemos estado luchando por dejar en claro lo que ha ocurrido en este lugar, y también una pequeña reparación a las mil familias que fueron desalojadas con brutalidad de sus legítimas viviendas”, pero reconoce que hoy nadie realza la importancia de declarar el suelo como un bien de uso social.

“Desgraciadamente en los gobiernos democráticos no hubo ninguna voluntad para recuperar la Villa y más bien de alguna manera hubo complicidad. Nosotros implementamos una política de adquisición de suelos urbanos de buena calidad por parte del Estado, e hicimos posible que fueran asequibles a todos los ciudadanos, cualquiera que fuera su condición social. Es un principio básico que las candidaturas esgrimen como postulado, pero cuando llega el momento de la realidad las presiones mercantiles lo hacen imposible”, analizó Lawner.

Para el arquitecto, no existe la voluntad política y dice que “hasta ahora los problemas de vivienda y desarrollo urbano no están en carpeta de ninguno de los candidatos, cosa que no me explico. El hecho es que es algo que hay que poner en el tapete, en la medida que se organicen los pobladores sin casa, así como lo hicieron los estudiantes. Ya llegara el momento de que se sepa que no se puede seguir lucrando con la vivienda, con este criterio mercantil, y que tiene que ser concebida como un bien de uso común”.

 Link: El Siglo

Agregar un comentario

Su dirección de correo no se hará público. Los campos requeridos están marcados *